Representantes del sector agroagrolimentario exponen su apoyo y observaciones a la ley contra las pérdidas y desperdicio alimentario del MAPA

Vie, 21/01/2022

Ana Díaz Pérez, Subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), participó en el foro “Los retos frente a la reducción del desperdicio alimentario”, organizado por Confilegal, junto a representantes del sector agroalimentario, con la finalidad de juntos avanzar en el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario del MAPA, actualmente en tramitación.

Durante el transcurso del foro, los participantes mostraron su apoyo a la futura ley, cuyo objetivo es reducir el desperdicio de alimentos y fomentar buenas prácticas para su aprovechamiento. En concreto, la ley se desarrolla en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuya meta 12.3 establece reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Entre las diversas observaciones y preocupaciones expuestas por los representantes del sector, se solicitó clarificar el régimen sancionador, precisando cuáles son sus objetivos y buenas prácticas; la necesidad de participación activa de las comunidades autónomas; las posibles alteraciones que pueden suponer en las empresas según su tipología la aplicación de la jerarquía de la gestión del desperdicio, y la posibilidad de establecer incentivos fiscales, por ejemplo, para la donación de alimentos.

Ana Díaz recibió muy positivamente el apoyo recibido, afirmando que están abiertos a escuchar todas las opiniones y propuestas para sacar adelante esta Ley con el apoyo de toda la cadena alimentaria y de las comunidades autónomas, tomando como base el Plan Estratégico Nacional.

Tras pasar primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre y abrirse a consulta pública, se espera que la ley sea aprobada durante el presente año y entre en vigor en 2023.