El Gobierno presenta la ley para combatir las pérdidas y el desperdicio de alimentos

El Gobierno presenta la ley para combatir el desperdicio de alimentos
Mié, 13/10/2021

En el Consejo de Ministro celebrado el pasado día 11, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, iniciativa que pretende afrontar las cuestiones económicas, medioambientales y de orden ético y moral que supone el tirar alimentos.

Tirar alimentos no es solo malgastar los recursos empleados en ellos (trabajo, emisiones a la atmosfera…), sino que en estos momentos hay 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y otras 1.600 millones que tienen problemas de nutrición, según datos de la FAO. Y como ha dicho el ministro, “no hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, asegurando también que “los sistemas agroalimentarios deben ser sostenibles y evolucionar hacia una economía circular”. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

Con esta Ley el Gobierno refrenda su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (meta 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

La Ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria.

Entre las novedades que presenta la Ley, se pueden señalar las siguientes:

  • Establece que todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención, para evitar las pérdidas y el desperdicio, fijando una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento.
  • La primera prioridad es la jerarquía es destinar los productos que no pueden ser comercializados para la alimentación humana- a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Para realizar las donaciones, se deberán establecer convenios con las organizaciones receptoras y los alimentos donados deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento, para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. La trazabilidad tendrá que estar garantizada.
  • Siguiendo el orden, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo, deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). En el caso de los no aptos para el consumo humano serán utilizados como subproductos (alimentación animal, compost, biogás…).
  • Se obligará a los agentes que operan en la cadena alimentaria a disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal, para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas y desperdicio.
  • Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.
  • Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven gratuitamente lo que no han consumido, informando de ello de forma visible.
  • Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
  • Los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas y desperdicio de alimentos, así como del cumplimiento de sus planes de prevención.
  • Las empresas distribuidoras de alimentos y administraciones deberán incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. En el caso de los establecimientos de venta al por menor, con una superficie que fijarán las comunidades autónomas, tendrán que fomentar líneas de venta de productos imperfectos o poco estéticos, que estén en condiciones óptimas de consumo. También deberán impulsar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.
  • El Gobierno adoptará medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y la posibilidad de comercializar productos con fecha de consumo preferente sobrepasada.
  • Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico que definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que tendrán que seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones. El plan será revisable cada cuatro años. Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa consulta, tendrá que elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico. Y, además el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá realizar un informe anual, sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que deberá informar a las Cortes.
  • Las administraciones deberán llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.
  • La Ley establece un régimen sancionador relacionado con la donación de alimentos, con multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros en el caso de infracciones muy graves.

Para continuar la tramitación del proyecto de Ley, se procederá a realizar la pertinente consulta a las comunidades autónomas, se recabará opinión de las organizaciones y asociaciones afectadas por la norma, se solicitarán todos los informes preceptivos a otros ministerios y a aquellos órganos colegiados pertinentes y, finalmente, al Consejo de Estado. Una vez reelaborado el texto con las aportaciones que se consideren, volverá al Consejo de Ministros y si corresponde, se remitirá a las Cortes Generales para el trámite parlamentario, esperando que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.